En este informe, al que tuvo acceso Servimedia, la Fiscalía Anticorrupción reitera una denuncia que ya hizo en anteriores memorias, y que han sido objeto de una recomendación a España por parte del Consejo de Europa en el sentido de que se debe garantizar "que la naturaleza y la extensión de los poderes del gobierno respecto a la Fiscalía General se precisen por ley y se ejerzan de anera transparente y de conformidad con el derecho interno e internacional".

El Consejo de Europa apuntaba, asimismo, que "las instrucciones individuales de no actuar" que da el fiscal general a otros miembros del Ministerio Fiscal deben estar "en principio, prohibidas, y si no es así, que sean excepcionales y acompañadas de un control específico apropiado".

Por ello, Anticorrupción resalta la necesidad de que esta Fiscalía, "al igual que cualquier otro órgano del Ministerio Fiscal, sea dotada lealmente de una autonomía real y efectiva, situando en sus justos límites las actuales facultades del fiscal general del Estado, facultades que, pese a su fundamento real, continuamos considerando excesivas".

FALTA DE MEDIOS

Por otro lado, la Fiscalía que se encarga de los delitos económicos relacionados con la corrupción, insiste en la insuficiencia de su plantilla, integrada por 71 personas de las que sólo 11 son fiscales; 21, personal colaborador, y el resto, unidades de apoyo de la Agencia Tributria, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La memoria explica que "continúa pesando gravemente sobre la Fiscalía Especial la ausencia de fiscales delegados" que, según la ley, debe nombrar el fiscal general del Estado para que se encarguen de casos relacionados con los delitos de corrupción económica en las distintas fiscalías, facultad de la que Jesús Cardenal ha hecho "un uso muy restrictivo", pues se ha limitado a Madrid y Barcelona, co lo que ha "impedido la proyección institucional" de Anticorrupción en el resto de España.

Esta falta de provisión de fiscales hace que la plantilla actual se encuentre "ante un volumen de diligencias y de procedimientos, casi todos de gran complejidad, que no pueden atenderse simultáneamente con la debida agilidad".

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción denuncia que las fiscalías territoriales carecen de "unidades especiales, de fiscales especializados o de equipo administrativo para investigació, obtención de pruebas y acusación en casos de corrupción", por lo que ha tenido que ejercer sus competencias "con la inestimable colaboración de las unidades de apoyo, de las unidades de la Policía Judicial y de la plantilla de funcionarios auxiliares".