La memoria del 2001 de esta Fiscalía, a la que tuvo acceso Servimedia, dedica un capítulo específico a los tipos delictivos observados en la acividad de entidades financieras españolas que cuentan con filiales domiciliadas en paraísos fiscales. Este es el caso, entre otros, del BBVA y las cuentas que tenía abiertas en la isla de Jersey.

Para el departamento que dirige Carlos Jiménez Villarejo, la adquisición de los denominados "productos fiduciarios 'offshore'" permite ocultar la identidad del cliente, y por lo tanto eludir los impuestos españoles que gravan los ingresos, el patrimonio o la actividades económicas.

Añade que la "confidenialidad" que se garantiza a las sociedades que adquieren estos productos se logra haciendo figurar accionistas y consejeros distintos de los reales, lo que constituye "el instrumento idóneo para crear una mera apariencia de titularidad" con el objetivo, "entre otros, de defraudar a la Hacienda Pública Española".

"Es razonable afirmar, por lo tanto, que la utilización de un producto fiduciario 'offshore' conlleva la utilización de personas interpuestas para ocultar la identidad de quienes verdaderament realizan hechos imponibles gravados por impuestos aplicables en España, constituyendo una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código penal español", explica.

CUENTAS CIFRADAS

La Fiscalía añade que, aunque el mero hecho de querer ocultar la identidad no implica que el cliente esté involucrado en actividades ilegales, "afirmar que son fines de evasión fiscal y de ocultación del delito los que llevan a residentes en España a adquirir los productos fiduciros 'offshore' que pudieran comercializar las entidades bancarias no es una presunción, sino la más razonable de las inferencias posibles".

La Fiscalía subraya que el derecho a la intimidad y la confidencialidad "no es ni puede tener carácter absoluto e incondicionado", pues en este caso impediría a Hacienda vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos, y dejaría "desprovisto de toda garantía y eficacia" el sistema fiscal.

"La ocultación de la real y efectiva titulariad de bienes y derechos patrimoniales pertenecientes a residentes en España supone un gravísimo ataque al ordenamiento tributario español, porque con ella se esteriliza la principal cláusula antifraude con la que se ha dotado ese ordenamiento", insiste.