Durante su intervención en el debate sobre política general en el Parlament de les Illes Balears, Antich mencionó de soslayo los casos de presunta corrupción que han afectado a cargos públicos del anterior Ejecutivo presidido por el popular Jaume Matas.

"La justicia", dijo, "está actuando para dar luz y para sancionar, en ejercicio de su función, todos los comportamientos que han contravenido la ley. Mi Gobierno respeta escrupulosamente la acción independiente de la justicia y colabora en todos los requerimientos que la justicia le ordena".

Dicho esto, afirmó que "todo el mundo debe poder confiar en la honestidad de sus gobernantes". El dinero público que la ciudadanía deposita, "con esfuerzo y sacrificio personal", a la hacienda pública deben ser administrados siempre "con austeridad y con escrupulosidad absoluta".

Al respecto, sentenció que "es necesario y forzoso dotar a la Administración pública de una transparencia exquisita". "Todos estaremos de acuerdo", agregó, "en tomar medidas para que los episodios que han pasado no se puedan volver a producir" y, de entrada, enfatizó, "es muy importante favorecer la economía productiva y combatir la especulación, que es un campo abonado a la corrupción".

En este sentido, aseguró que compartir el proyecto con los sindicatos y las organizaciones empresariales da "mayor transparencia" a la gestión. "También juntos debemos trabajar para evitar las malas prácticas".

En lo que lleva de mandato, explicó que su Ejecutivo ha dispuesto un control "más estricto" del gasto público en todas las consejerías. Así, un interventor delegado de Hacienda supervisa y autoriza cada uno de los pagos, para que se ajusten a la legalidad y al interés público".

Las empresas públicas, creadas para dar mayor agilidad y autonomía a los servicios, "también han de estar sometidas a un control riguroso del gasto", por lo que anunció una ley del sector público "que garantice este control, que presentaremos este año mismo".

"Todos necesitamos estar seguros que no hay ninguna desviación de los recursos de los contribuyentes", concluyó. "Queremos evitar que el comportamiento corrupto de algunas personas afecte a la confianza que los ciudadanos necesitan tener en las administraciones y en todos los grupos políticos".