Según los decetos municipales, que fueron firmados el pasado día 1, las compañías tienen cinco días desde la recepción de los mismos para apagarlas. Según indicó hoy a Servimedia un portavoz de las operadoras, hasta el martes 5 no habían recibido comunicación alguna del ayuntamiento, conociendo únicamente lo publicado por los medios de comunicación.

Por su parte, un portavoz municipal indicó que las empresas de telecomunicaciones afectadas por la medida son de tres tipos. Un caso es una antena que dispone de más eementos de los autorizados, por lo que la compañía debe desmontar las antenas no contempladas en la documentación.

En otras cuatro antenas, sus propietarios solicitaron la licencia de obras a partir de diciembre de 2001, cuando entró en vigor la moratoria de seis meses ordenada por el consistorio mientras se elabora una nueva normativa municipal sobre estas instalaciones. En estos casos, estas antenas deben desconectarse hasta que acabe el mencionado plazo.

Las restantes tres antenas no habían peido permiso de obra. Ahora deberán solicitarlo y esperar a que venza la moratoria de seis meses. Mientras tanto, no pueden funcionar sin autorización municipal.

RECURSOS

Las compañías de telefonía cumplirán la clausura ordenada por el ayuntamiento, según aseguraron a Servimedia, sin perjuicio de los recursos y demás acciones legales que estudian emprender.

Con estas 8 instalaciones son once las antenas clausuradas por el Ayuntamiento de Valladolid en lo que va de año. En enero desconectó tres etaciones situadas en el edificio Duque de Lerma, uno de los más altos de la ciudad, por ser ilegales.

Por otro lado, los padres de alumnos del colegio público García Quintana presentaron este lunes en el registro municipal una petición para que se retiren las antenas del edificio próximo al centro educativo, desconectadas desde finales de diciembre por orden judicial.

El Ayuntamiento de Valladolid no puede hacerlas desmontar, según un portavoz municipal, porque están sujetas a la autoridad del juz que instruye el caso, quien podría ordenar pruebas, además de que todavía no se ha cumplido el plazo de tres meses dado para su retirada.