Múgica declaró a Servimedia que "si el Ministerio de Ciencia y Tecnología se niega a revisar la normativa que regula las emisiones radioeléctricas o a abrir una investigación, desde la Oficina del Defensor del Pueblo no se puede hacer nada más. En este caso existe el proceso contencioso-administrativo".

"Desde esta institución se puede mostrar nuestra opinión basada en estudios, pero si aquél al que se envía la recomendación no la acepta no podemos hacer otra cosa; queda abierto el camino judical", aclaró.

No obstante, Múgica señaló que "no se trata de ir tan lejos, es algo tan sencillo como contrastar los distintos niveles de protección de las distintas normativas para buscar un elemento común a todas ellas".

El Defensor del Pueblo explicó que las normativas de Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León son menos permisivas que la normativa del Estado en esta materia, y añadió que hay que ver cuál es el perímetro a partir del cual estas ondas no causan un perjuicio.

"En principo, no podemos afirmar que los perjuicios sean consecuencia de las antenas, pedimos que se abra una investigación porque hay una preocupación, esto es lo lógico. Debemos responder de una forma científica y seria a esta preocupación".

Destacó que la normativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología es distinta a la de las comunidades autónomas. A este respecto, se preguntó por las causas de que exista este contraste y por ver "cuáles son las normativas menos susceptibles de causar lesiones en el caso de ue esas antenas produzcan esas lesiones". "Lo fundamental es homogeneizar los criterios para encontrar la norma más favorable a todos los ciudadanos", indicó.

VIOLENCIA DOMESTICA

Por otro lado, Múgica consideró necesaria la creación de una jurisdicción específica para los casos de violencia doméstica. A su juicio, se deberían crear un juzgado donde se puedan resolver todas las cuestiones de familia, con independencia de que sean civiles o penales.

En cuanto al fenómeno de la inmigración, el Defnsor del Pueblo recordó que ha recomendado al Gobierno que sea flexible en la aplicación de la Ley de Extranjería a los inmigrantes.

Finalmente, Múgica destacó que esta institución recibió el pasado año casi 14.000 quejas y que "el prestigio del Defensor es casa vez mayor; el peso social y la influencia son mayores".