Antes, la oferta para instalar una antena de telefonía móvil o fija era bien recibida en la inmensa mayoría de las comunidades, porque a cambio del compromiso de tener un periodo de tiempo la instalación los vecinos cobraban una fuerte suma anualmente en concepto de alquiler. La cifra podía ser de uno o varios millones de pesetas anuales, mientras que la duración de los contratos no baja normalmente de diez año.

"Si antes había una enorme aceptación en todas las comunidades para la instalación de una antena de estas características, ahora tienen el 'trin-trin' de si eso será bueno o será malo, y ellos prefieren la seguridad de no tener ningún riesgo al posible beneficio que suponga el pago del canon que estas empresas están satisfaciendo", señaló Roberto Enguídanos.

El presidente de los administradores subrayó que ningún estudio atribuye a las antenas de telefonía efectos perjudiciales para la salud, idicando incluso que su radiación es menor que la de los propios teléfonos móviles, tan extendidos entre la población. "De todos modos", apostilló Roberto Enguídanos, "está muy claro que todos los que protestan tienen un teléfono móvil y que si se retirasen las antenas no existiría la cobertura necesaria".

"En estos momentos no son muy afines, en general, a que se establezcan antenas en las comunidades de propietarios", admitió Roberto Enguídanos.

Por otro lado, ratificó que, tal y como acaba de rcordar un juez de Valladolid con una sentencia, la instalación de antenas en un edificio necesita el acuerdo de los propietarios, e incluso inquilinos, tomado por unanimidad.

El motivo es que se trata de la modificación de un elemento común del edificio, normalmente la azotea, ya sea para construir una caseta o para levantar las antenas, instalaciones que pueden pesar cuatro o cinco toneladas. Si sólo se tratara de una infraestructura, por ejemplo para recibir televisión de pago o para instalar servicos de telecomunicaciones por cable, sería suficiente con la aprobación de un tercio de los propietarios, aclaró el presidente de los administradores.