Herrera señaló que, en primer lugar, la normativa estatal es más permisiva al establecer límites menoes a las emisiones radioeléctricas que la del Gobierno de Castilla-La Mancha, una de las más restrictivas de toda Europa.

Por ejemplo, dijo, la Ley de 28 de junio de 2001 aprobada por el Ejecutivo de José Bono establece en el ámbito urbano una limitación de 10 microvatios por centímetro cuadrado, un nivel de radiación 90 veces más bajo que el fijado por el Gobierno central.

Herrera aclaró que, sin embargo, no hay mucha diferencia en las distancias de seguridad permitidas por ambas normativas y lade Castilla-La Mancha no permite la colocación de antenas a menos de 10 metros de zonas habitadas.

La ley castellanomanchega es también muy clara, según indicó, en la minimización de impactos paisajísticos y medioambientales producidos por las antenas e impone que los operadores de telecomunicaciones compartan sus infraestructuras.