En el escrito señala que esta compra constituye un abuso de posición dominante contrario al artículo 86 del Tratado de Roma, que da lugar a "prácticas contrarias a la libre competenciasancionadas por el artículo 85 del mismo tratado".

La compra por parte de Telefónica del paquete de control de Antena 3 constituye, según Canal Satélite Digital, una extensión de su posición dominante en el mercado del cable y en el de las telecomunicaciones al mercado de la TV por satélite.

Canal Satélite Digital subraya que esta posición dominante se produce no sólo por la adquisición de una participación accionarial de un competidor (Telefónica posee ahora un 15 por ciento de las acciones de Cnal Satélite Digital), sino sobre todo porque Telefónica busca adquirir una ventaja en el mercado de la TV digital.

Según la plataforma digital impulsada por el Grupo Prisa, Telefónica pretende que "en un futuro no puedan surgir otros operadores que le hagan competencia en el mercado de las telecomunicaciones, donde Telefónica quiere defender su posición monopolista".

Esta operación puede implicar también, según la denuncia, un reforzamiento abusivo de la posición dominante de Telefónica en el mecado del cable, porque la participación del BCH y el Banco Santander en la adquisición de Antena 3 apunta a que estos bancos, que poseen conjuntamente un 47,5 por ciento de Cableuropa, pueden haber coordinado sus actividades en el mercado del cable con Telefónica.

También se denuncia en el escrito que la compra por parte de Telefónica de un 25 por ciento de Antena 3 y de un 51 por ciento de GMA podría constituir una concertación contraria a las normas de libre competencia del reglamento comunitario. Canal Satélite Digital solicita a la CE que con la mayor urgencia constate que la adquisición denunciada constituye un abuso de posición dominante, ordene a Telefónica poner fin a dichas infracciones y adopte las medidas cautelares que considere necesarias contra Telefónica, y muy concretamente, la suspensión de estos acuerdos.

Asimismo, pide que la CE advierta al Ejecutivo español de que la autorización de esta operación por el Ministerio de Fomento implicaría una infracción por el Gobierno de susobligaciones de cooperar con la Comunidad para dar cumplimiento a los fines del Tratado.