La Guardia Civil informó este miércoles de que estas personas fueron encausadas en el marco de la ‘Operación Mizu II’, que consistió en la vigilancia y control de recursos hídricos, principalmente acuíferos.

Estas pesquisas permitieron detectar 98 infracciones penales y hasta 2.326 infracciones administrativas. Entre los delitos cometidos por los investigados estuvieron el referido el medio ambiente, la defraudación de agua y contra la Administración pública.

Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del Seprona detectaron durante 2021 perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

DOÑANA Y CUENCAS DE RÍOS

La mayoría de las instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación. Del total de estructuras, el 74% se corresponden con pozos y sondeos.

Gran parte de la operación se ha desarrollada en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España.

La Guardia Civil destacó que entre sus actuaciones durante 2021 se incluyeron la 'Operación Aquae' (Huelva), referida a la extracción de agua en el entorno del Parque Nacional de Doñana; la 'Operación Acuin' (Cuenca), que afectaba a aguas subterráneas; 'Operación Trincase' (Valladolid), en la que se investigó a un agente de la Guardería Fluvial que tramitaba documentación a cambio de sobornos.