En la carta, el presidente de AI en España, Esteban Beltrán, asegura que "la información ofrecida en el Congreso por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en su compararecencia del pasado 24 de noviembre, no satisfizo en absoluto nuestras demandas de información, y resultó claramente insuficiente para determinar la presunta responsabilidad del Gobierno español".

Amnistía pregunta en la carta por el tipo de información que requieren habitualmente las autoridades españolas a los aviones que quieren cruzar el espacio aéreo, así como si existe alguna norma que permita exigir a los aviones sospechosos de realizar actividades ilegales que aterricen en un aeropuerto concreto.

La organización mantiene que "cualquier Estado que ayude o asista a otro Estado en la comisión de una violación del Derecho Internacional es internacionalmente responsable si se demuestra que se conocían las circunstancias de la violación".

En el caso de los vuelos secretos de la CIA, Amnistía advierte de que, en caso de que se demuestre que el Gobierno conocía la naturaleza de los vuelos, sería "complice de tortura, malos tratos y detención secreta".