"Un sistema que se financia con el esfuerzo de todos", dijo, "no está claro que tenga que financiar lo que constituye una decisión individual y personal, salvo en los casos en los que la falta de medios económicos impida el ejercicio de ese derecho, en cuyo caso no tengo ninguna duda".

La ministra mostraba así su apyo al anteproyecto de Ley sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en cuya elaboración ha participado una comisión interministerial en la que estaba representado su departamento.

Angeles Amador dijo que este texto "supone el reconocimiento del derecho de las mujeres a tomar la decisión de interrumpir el embarazo".

APOYO SOCIAL

La titular del departamento de Sanidad manifestó que el anteproyecto de ley coincide con el sentir mayoritario de la sociedad española, "que no está d acuerdo con que una mujer vaya a la cárcel por abortar".

Sin embargo, duda de que el aborto tenga que ser una prestación gratuita con carácter general en el sistema sanitario público, salvo en los tres supuestos recogidos en la legislación actual. El aborto será una de las prestaciones que el ministerio incluirá en los conciertos que establezca con centros privados.

La ministra explicó que, a menudo, las pacientes prefieren que este tipo de intervención se practique en clínicas privadas, por coniderar que existen más garantías de que se preserve su intimidad.