Márquz tomó esta decisión ante las acusaciones dirigidas contra los ex delegados del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín y Tomás Azorín, que fueron denunciados ayer por Izquierda Unida y el Partido Andalucista, junto con el actual delegado Alfonso Garrido y el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

A todos ellos los acusan de un delito de malversación de caudales públicos por el uso privado de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno, supuestamente realizado por Juan Guerra. El juez, noobstante, descartó que Alfonso Guerra pueda ser acusado de malversación.

Por esa razón, no ha atendido la petición de los abogados de Izquierda Unida y el Partido Andalucista para que elevase las diligencias practicadas al Tribunal Supremo, al ser Alfonso Guerra diputado en el Congreso.

FUERO ESPECIAL

La remisión del caso al Tribunal Superior de Andalucía es obligada, de acuerdo con la legislación española, al recaer la acusación sobre Tomás Azorín y Leocadio Marín, que gozan un fuero especial or su condición de parlamentarios autonómicos.

De los dos ex delegados del Gobierno acusados por Izquierda Unida y los andalucistas, Tomás Azorín es actualmente presidente de la Diputación de Almería, mientras que Leocadio Marín es consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

En los escritos presentados por el Partido Andalucista e Izquierda Unida al juez Márquez, los abogados de estas formaciones políticas no formulan una petición concreta de penas para los dos ex delegados.

N obstante, los artículos 394 y 396 del Código Penal que, en su opinión, tipifican los hechos sometidos a investigación establecen penas de inhabilitación de seis a 12 años y condenas de prisión que oscilan entre un mes y 20 años.