Según informó hoy la patronal, en la normativa de prevención existen 4 jurisdicciones competentes (penal, civil, social y contencioso-administrativo), pudiéndose solapar todas ellas en el caso de que elempresario incumpla la Ley.

De todas ellas, la más problemática es la penal, que puede suponer para el acusado penas de hasta 3 años de cárcel y cuantiosas multas económicas. Para aplicar estas sanciones no es necesario que se haya producido un accidente, tan sólo con el incumplimiento de la Ley se estaría incurriendo en un delito de riesgo.

"El empresario incumple la normativa de Prevención de Riesgos Laborales cuando no facilita a los trabajadores las medidas de prevención adecuadas, generándols un riesgo" explicó Gonzalo Juste, secretario general de ANEPA. "La Ley existe desde 1995, por lo que no es excusa que los empresarios no la conozcan y la apliquen. Deben de concienciarse de que la prevención es una inversión y no un gasto", apostilló.

Finalmente, Anepa recordó que las sanciones penales son compatibles con las administrativas, que pueden alcanzar multas de hasta 600.000 euros, "ya que en la sanción penal responde el administrador y encargados de la compañía y en la penal la sociedad" En el caso de que se produzca además un accidente laboral junto con el delito de riesgo, tanto la empresa como el empresario pueden ser condenados por ambas cosas.