Por departamentos, sólo aumentan en Andalucía los presupuestos para Justicia, en 1.649 millones de pesetas, Industria (305 millones) y Cultura (60 millones más que en 1991).

En concreto, la Administración de Justicia gastará en 1992 en Andalucía un ttal de 3.474 millones de pesetas, frente a los 1.825 millones del presente ejercicio. Este aumento responde a la dispersión de salas judiciales existentes en las distintas audiencias provinciales andaluzas y al objetivo de concentrar todas las dependencias judiciales en un mismo edificio.

Respecto al Ministerio de industria, que tiene transferidas sus competencias a la Junta, había asignado para esta comunidad en los PGE de 1990 y 1991 un presupuesto de 12,4 millones cada año, mientras para 1992 su inersión superará los 317 millones de pesetas.

Las inversiones en materia cultural en Andalucía también crecerán en 1992, hasta situarse en 320 millones de pesetas, frente a 260 este año.

El departamento andaluz más afectado por el recorte presupuestario será, sin embargo, el de Obras Públicas y Transportes. Así, de los 79.509 millones de pesetas que el Estado adjudicó el presente año para Andalucía se pasa a 50.872 millones, casi 29.000 millones menos que en 1991.

El recorte en esta partida aectará sobre todo a las obras de infraestructura, siendo la Dirección General de Carreteras la que soportará una mayor reducción, ya que podrá invertir en 1992 casi 34.000 millones menos que este año.

El capítulo de transportes ferroviarios sólo contará el próximo año con 4.486 millones, 10.000 menos que este año. La única partida relacionada con las obras de infraestructura que aumenta su presupuesto es la concerniente a la Dirección general de Obras Hidráulicas, que pasa de 13.636,9 millones de peseas este año a 17.028 en 1992.

El ministerio de Defensa gastará en Andalucía 5.600 millones menos que este año, mientras que Interior pasa de 8.323 a 7.062. Educación, que tiene transferidas sus competencias al Gobierno autónomo andaluz invertirá 225 millones, 35 menos que este ejercicio, mientras que Trabajo, tras aumentar su partida presupuestaria en 1.500 millones en 1991 respecto al año anterior, mermará su inversión el próximo año en 1.350 millones de pesetas.

LIBERALISMO ECONOMICO

Para el iputado Antonio Romero, el proyecto de Ley de PGE para 1992 es "un claro exponente del liberalismo económico y social del Gobierno, que no llega a ser ni siquiera socialdemócrata".

El dirigente comunista cree que esta asignación presupuestaria no favorecerá la ruptura de las diferencias interterritoriales existentes en Andalucía, que, a su juicio, se ven aumentadas con la elevada inversión, de dos billones de pesetas en menos de 300 hectáreas, que se está realizando en la Isla de la Cartuja, en Sevill, con motivo de la Expo 92.

"El recorte presupuestario es generalizado", en opinión de Romero, quien culpa de la nueva política económica a la incapacidad gubernamental a la hora de exigir transparencia fiscal a los contribuyentes.

"Los ingresos por IVA han bajado entre un 20 y un 25 por ciento y el dinero negro sigue siendo negro. Solchaga amenazó a los poseedores de Caja B y luego prometió una amnistía, pero ni una cosa ni otra surtieron los efectos necesarios. Si todo el dinero negro que exist saliera a la luz pública seguro que estos presupuestos estarían mejor dotados", afirmó Romero.

Sin embargo, Romero asegura que el Gobierno prefiere, en vez de atacar el dinero negro, subir el tabaco y la gasolina para equilibrar el déficit de ingresos de la Administración central en concepto de IVA y de facturaciones en Caja B.

El diputado de IU se mostró convencido de que los PGE tienen un marcado tinte político y electoralista de cara a los próximos comicios generales. "Matilde Fernández es laúnica que no ha tenido problema con los presupuestos, ya que estos presentan una política existencialista para hacer efectivo el voto cautivo", concluyó.