Como resultado de estas visitas se abrieron 40 expedientes administrativos, la mayor parte de ellos (32 en concreto) por anomalías en los centros dedicdos a personas mayores. En 9 de estos casos se procedió al cierre de residencias.

Estas actuaciones forman parte del Plan General de Inspección de las Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, que regula los mecanismos de control, inspección y adecuación de estos centros para velar por el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos.