El Ejecutivo andaluz consumó esta decisión tras reunirse en una sesión extraordinaria. En el texto, reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad está sujeta a límites, "debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma". La Junta de Andalucía considera, además, que la ley aprobada vulnera normas y principios constitucionales como la igualdad ante la ley.

En paralelo al recurso, el Consejo de Gobierno aprobó instar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a formalizar la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional ante dicho recurso de inconstitucionalidad. En concreto, y en línea con el resto de comunidades gobernadas por el PP, solicita la abstención del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Turón; y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díaz Bueso, ex integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el caso de Conde-Pumpido, entiende que debe ser recusado "para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".

Con respecto a Campo y Díez, la Junta de Andalucía señala que ambos "han ocupado cargos públicos del actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijación de criterio del Ministerio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia ley".

La Junta de Andalucía presenta así su recurso a dos días de que finalice el plazo para hacerlo y sigue la estela de la dirección nacional del PP. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, así como el Parlamento de Cantabria, también han registrado su propio recurso en las últimas horas. Se espera que los siguientes en dar este paso sean los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.