El que fuera lider sindical explicó que el fin primordial de la asociación es "mantener una actitud vigilante sobre el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, difundiendo sus principios y postulados e impulsando todas las iniciativas tendentes a lograr su plena vigencia".

La asociación se constituyó en Andalucía ace año y medio, como delegación de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, creada en 1976.

Según Diamantino García, durante el periodo democrático se han dado casos de intolerancia de los que han sido víctimas distintos colectivos marginados.

A su juicio, la población andaluza se divide en un 11 por ciento de privilegiados, un 35 por ciento de recién llegados y un 60 por ciento de personas que viven en el umbral de la pobreza.

Afirmó que en Andalucía unas 800.000 personas viven en la iseria, entre ellas 200.000 en chabolas y zonas marginales. "Así se demuestra que no es oro todo lo que reluce y que la estratificación social en Andalucía es grave", agregó.

La Asociación Pro-Derechos Humanos remite cada año un informe al fiscal general del Estado y al Defensor del Pueblo, en el que denuncia las lagunas legales existentes y de las que son víctimas colectivos sociales como los inmigrantes.

En cuanto a los brotes racistas, Andalucía registra el mayor número de casos de todo el Estdo. Recordó concretamente casos como los de Mancha Real y Beas de Segura (Jaén) o el de Fuentevaqueros (Granada), donde el Ayuntamiento prohíbe censarse a familias gitanas que viven en sus alrededores.