La prestación de estos servicios se gestionará a través de los colegios de abogados y procuradores andaluces, a quienes la Junta pagará trimestralmente los servicios prestados.

El pago cubrirá la defensa letrada en turno de oficio y los gastos derivados del funcionamiento e infraestructuras necesarias para el desempeño de las citadas labores.

Asimismo, se destinará parte del presupuesto de la Consejería de Justicia a incrementar en un 10% las retribuciones que perciben de la Junta los letrados y procuradores.