La decisión del Ejecutivo comunitario responde a que la denominación "Alimentos de Andalucía" contraviene el mercado único de libre comercio, por lo que es necesario modificarla, para que esté acorde con la normativa comunitaria.

Esta nueva identificación era uno de los objetivos del Consejo Andaluz de la Calidad Alimentaria y parte de las medidas desarrolladas por la Junta de Andalucía en materia de seguridad alimentaria.