Las listas de espera médicas, la sustituciones de profesores escolares, las dilaciones en el pago de subvenciones, los sistemas de embargo de cuentas corrientes y las denuncias derivadas de las líneas 903, centraron las principales quejas de los andaluces durante el pasado año.

El 20 por ciento de las reclamaciones estuvieron relacionadas con la sanidad y los servicios sociales, mientras que el 41 por ciento del total procedieon de la provincia de Sevilla, seguidas por las de Cádiz, Córdoba y Málaga.

Conde-Pumpido, que presentó ante el Parlamento el informe anual de la institución correspondiente a 1992, denunció en su comparecencia las deficiencias en el funcionamiento de la función pública andaluza y en la prestación de los servicios municipales.

La protección del medio ambiente y el ruido también constituyeron gran parte del número total de quejas. En este sentido, el defensor del Pueblo Andaluz pidió dotar de medis técnicos a los ayuntamientos y de una mayor coordinación institucional, así como la elaboración de una normativa coherente para reducir el número de protestas por estos motivos.

La susticiones por bajas entre los profesores también suscitaron un gran número de quejas de los andaluces, que denunciaron que se produjeron mediante profesores de apoyo en lugar de profesores sustitutos dedicados a estas tareas.

Conde-Pumpido también destacó la falta de calidad de la vivienda y reclamó la habilitaciónde créditos para hacer frente a la carencia de financiación estatal de las viviendas de protección oficial.

Según el informe, Andalucía mostró también deficiencias en 1992 respecto a la integración de los minusválidos, sobre todo en lo referente al número de viviendas de promoción para deficientes y a la supresión de barreras arquitectónicas.

El defensor del Pueblo Andaluz se quejó asimismo de las deficiencias de medios humanos que padecen los juzgados de esa comunidad y denunció "el sistemático etraso" en el envío de expedientes a la Sala de lo Contencioso. A su juicio, las dilaciones indebidas constituyen "la más grave enfermedad" de la administración de justicia.

Finalmente, en los servicios sociales, puso de relieve las insuficiencias en el número de plazas que tienen las residencias de ancianos, que acumulan listas de espera de más de dos años, y la falta de operatividad en la gestión y tramitación de ayudas en subvenciones.