Los tribunales argentinos reclaman a Botín en su condición de presidenta del Banco de Río de la Plata, la filial argentina del banco español, aunque el máximo ejecutivo de esta entidad era el vicepresidente José Luis Enrique Cristofani.

La instrucción se inició a raíz de la denuncia de un jubilado contra el Banco Sudameris, que no le dejaba disponer de unos ahorros que se elevaban a 15.000 dólares, debido a la medida financiera impuesta por el Eecutivo argentino.

La justicia argentina arremete ahora contra las entidades bancarias por no haber permitido a los ahorradores el acceso a su dinero. Los bancos alegarán que el "corralito" les fue impuesto por el Gobierno de la nación.