A pesar de las dudas que dentro del PP existen sobre el liderazgo de Rajoy, la cúpula del partido cerró filas al sentirse atacada por la investigación judicial que ha abierto el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y las filtraciones de sumarios, dossieres y conversaciones privadas que desde hace semanas publican a diario los medios de comunicación.

La concejala de Madrid Ana Botella fue la única voz ligeramente discrepante, según aseguraron a Servimedia testigos de la reunión, celebrada a puerta cerrada. La esposa de José María Aznar elogió que Rajoy defendiera la gestión del partido y la honorabilidad de todos sus miembros, pero pidió que se haga igual cada vez que se ataca al ex presidente o si los responsables de la anterior etapa en el PP se ven salpicados por este escándalo.

La intervención de Botella fue interpretada por algunos presentes, consultados por Servimedia, como una referencia indirecta a su yerno, Alejandro Agag, al que se relaciona con el empresario Francisco Correa, detenido e imputado por el juez Garzón.

Rajoy se dio por aludido y, de inmediato, respondió a la mujer de Aznar que, si ella o alguna persona de su entorno no se sienten protegidos por la dirección nacional, se lo comuniquen de inmediato porque su intención y responsabilidad como presidente del PP es defender a todos los militantes.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se convirtió en una de las protagonistas al proponer abiertamente que todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP acompañaran a Rajoy en su comparecencia ante los medios de comunicación para dar una verdadera imagen de unidad.

El vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, fue quien realmente tuvo la idea de que todos los miembros de la Ejecutiva salieran en rueda de prensa arropando a Mariano Rajoy. Rambla, que estaba sentado junto a Rita Barberá, comentó la idea a la alcaldesa de Valencia y ésta se encargó de proponerla cuando le llegó el turno de palabra.

Las palabras unidad y cohesión aparecieron en varias ocasiones, especialmente en las intervenciones de las andaluzas Teófila Martínez y Celia Villalobos. La alcaldesa de Cádiz fue más allá del escándalo de Boadilla e hizo un llamamiento general para que toda la dirección haga lo que tiene que hacer para preservar la unidad, no sólo con palabras, sino con acciones.

No obstante, también hubo mensajes de realismo y advertencia. El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, repitió ante la cúpula popular sus declaraciones de hace unos días en las que aseguraba que en todos los partidos hay un "judas" y pidió mantener la unidad en los momentos complicados como mejor camino para seguir adelante.

Los damnificados por anteriores casos relacionados con la corrupción pusieron toda clase de ejemplos para denunciar la utilización política que el PSOE hace de la Fiscalía en distintas comunidades autónomas.

Esta fue la tesis de la presidenta del PP de Baleares, Rosa Estarás, quien recordó que su partido lleva sufriendo "mucho tiempo" este tipo de actuaciones desde la Fiscalía, a la que atribuyó un "protocolo de actuación" para dar mayor repercusión mediática a las operaciones en las que hay implicados vinculados a las filas populares.

La canaria Josefa Luzardo y la murciana Lourdez Méndez Monasterio siguieron el mismo camino y pusieron ejemplos recientes de detenciones practicadas contra militantes del PP en sus respectivas comunidades en vísperas de citas electorales y que luego han acabado siendo archivadas con el paso del tiempo, cuando el daño político y personal ya no tenía remedio.

El ex ministro de Justicia José María Michavila sacó a relucir sus encontronazos personales con el actual responsable de este departamento, Mariano Fernández Bermejo, cuando éste ejercía todavía como fiscal y llevó a cabo detenciones que "luego quedaron en nada".

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días tras la detención del responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, por su implicación en la supuesta red de corrupción ligada al PP.

Por su parte, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, recordó la querella que su partido presentó contra el fiscal general del Estado durante el "caso Majadahonda" por supuesta prevaricación y revelación de secretos. Sin embargo, la denuncia fue archivada.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, defendió la honorabilidad del partido pero advirtió de que podría ser fácil relacionar a los implicados con personas de la dirección. A modo de ejemplo, bromeó que uno de los investigados por Garzón aparece como uno de sus más de 3.000 amigos en la red social Facebook.

El vicepresidente del Congreso Jorge Fernández Díaz vino a asegurar que la utilización de la Fiscalía con fines políticos es "algo propio de la izquierda" en su empeño por perseguir al adversario y a todas las personas que piensan de diferente manera.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Cortés, un veterano que todavía permanece muy vinculado a José María Aznar, propuso utilizar las nuevas tecnologías para dar a conocer entre los jóvenes que ahora comienzan a votar los escándalos de corrupción que el PSOE tuvo en la década de los 90. Señaló a Internet como el mejor medio para contar lo que pasó en aquellos años a quienes apenas eran unos niños y ahora pueden asumir fácilmente la idea de que el PP es un partido corrupto.