En su sentencia, los magistrados exponen que la obligación de planificar la actividad de prevención de los riegos laborales de los miembros de la Carrera Fiscal corresponde al Ministerio de Justicia, como departamento de la Administración General del Estado que asume la posición de empresario y consideran que no existe razón alguna por la que los miembros del Ministerio Público deban tener un plan de prevención distinto del elaborado por el Ministerio de Justicia.

Esta organización defiende la necesidad de un plan de prevención de riesgos laborales específicos para los fiscales, para calibrar las cargas de trabajo, la protección de las fiscales embarazadas y la prevención de los accidentes cardiovasculares. Consideran también imprescindible tener un presupuesto propio que contempla el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En consecuencia, la APIF presentó el pasado 19 de enero una demanda contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Justicia y las 10 comunidades autónomas con competencias en Justicia. Su objetivo es que el tribunal declare que no existe un plan de prevención de riesgos laborales y obligue a los demandados a la elaboración de uno. A la demanda de la APIF se adhirió la Asociación de Fiscales, mientras que la Unión Progresista de Fiscales sostiene que no se anule el Manual de Riesgos Laborales de 2014 hasta que se apruebe un plan específico para los fiscales.