AMPROS recuerda que lleva diez meses intentando negociar un convenio de ayudas para 1992 y que reclama de la Diputación una subveción que permita seguir atendiendo adecuadamente a los 635 minusválidos acogidos en sus servicios asistenciales.

Los responsables de la asociación reivindican para ello el abono inmediata de 50 millones de pesetas y denuncian que, de no conseguirlo, tendrán que cerrar sus centros.

El Gobierno cántabro, que preside Juan Hormaechea, decició recientemente reducir las ayudas a esa entidad a la mitad.

Según el Gobierno regional, AMPROS ha recibido ya 25 millones de pesetas, hecho que desmienten ls directivos de la organización cántabra. Asimismo, niegan que deban a la Diputación Regional 135 millones de pesetas por ostentar la licencia de un bingo.

El Ejecutivo de Cantabria acusó a AMPROS de desarrollar una "política partidista", e insinuó que la celebración de la manifestación ante la Diputación Regional puede llevar a una ruptura de relaciones.

La junta directiva de AMPROS insiste en que no piensa romper los vínculos con la Diputación, debido a que es el único medio que tienen para segir defendiendo los derechos de los minusválidos psíquicos en Cantabria. Asimismo, reitera el derecho de organizar manifestaciones.