La ONG subrayó que alcanzar las metas y objetivos establecidos por el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos es una responsabilidad del Estado español, que debe ser atendida tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas.

"El Gobierno aún no ha creado hasta la fecha los mecanismos adecuados que aseguren la sostenibilidad de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los centros educativos españoles", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

A su juicio, "la manifiesta oposición a la asignatura que han expresado los gobiernos de algunas comunidades autónomas representa un obstáculo añadido a la construción de una cultura de derechos humanos en un camino que se ha empezado por recorrer en España".