Las preocupaciones principales de AI son la tortura, legislación sobre seguridad, defensores de derechos humanos, pena de muerte, "desapariciones", derechos de la mujer, control migratorio entre España y Marruecos y repatriación de menores no acompañados, según un comunicado.

Así, a la organización le preocupan enormemente las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza a manos de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de Marruecos como de España, así como las expulsiones ilegales de inmigrantes que se producen en la frontera entre Ceuta, Melilla y Marruecos.

En cuanto a la repatriación de los menores no acompañados de origen marroquí, AI lamenta que siga en vigor el Memorando de entendimiento entre Marruecos y España del 23 de diciembre de 2003. Según dice, cualquier medida que se adopte para la devolución de menores debe ajustarse plenamente a las obligaciones de ambos países para proteger y amparar a los menores de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño.

Por otro lado, denuncia que en los últimos años, los activistas de los derechos humanos han sufrido represión por su labor, especialmente en el Sáhara Occidental.

Critica también que desde 2002 se ha producido un aumento de las denuncias de tortura y malos tratos que afecta a supuestos islamistas detenidos por pertenencia a "bandas delictivas" o por su implicación en actos violentos.

"Desde 1993 no se han llevado a cabo ejecuciones en Marruecos, pero la pena de muerte sigue vigente. A finales de 2003, se habían dictado al menos 16 condenas en virtud de la nueva ley para combatir el terrorismo", añade.

Además, asegura que centenares de saharauis y marroquíes desaparecieron entre los años 60 y 90 del siglo pasado y recuerda que sus familias tienen derecho a conocer su situación y a recibir una compensación adecuada.

Por último, informa que el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó en noviembre de 2004 su preocupación por el elevado número de casos de violencia doméstica contra las mujeres en Marruecos, confirmando así las conclusiones de las organizaciones locales de derechos humanos.