En declaraciones a Servimedia, Beltrán reclamó al Gobierno que se ponga a investigar "de inmediato" sobre los vuelos que usaron aeropuertos españoles y que haga pública toda la información que le facilite la Administración de Estados Unidos.

Aseguró que, en el caso de España, Amnistía tiene documentados "al menos diez vuelos" sospechosos que aterrizaron, repostaron y despegaron de nuevo, en su mayoría en los aeropuertos de Palma de Mallorca y Tenerife.

En opinión de Beltrán, el Gobierno español ha sido "absolutamente tibio" y "parece que no quiere molestar al Gobierno de EE.UU.", porque "lo único que ha hecho es fiarse de lo que le dice Washington", sin investigar por su cuenta.

Beltrán señaló que los vuelos bajo sospecha en el espacio aéreo europeo se produjeron desde septiembre de 2001 a septiembre de 2005, y Amnistía está convencida de que alguno se ha producido en España con posterioridad a la llegada del PSOE al poder.

El responsable de AI insistió en que el Ejecutivo español tiene la obligación de decirle al Gobierno de EE.UU. que esta práctica es "inaceptable", porque el número de vuelos y la información contrastada hasta ahora apunta a que pudo haber no sólo traslados extraordinarios de presos, sino "una práctica sistemática para hacer desaparecer a detenidos, lo cual constituiría un crimen contra la humanidad".

Ante este cúmulo de irregularidades, señaló Beltrán, sorprende que el Ejecutivo español "no ha hecho ninguna declaración pública en los dos últimos años sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en relación con la guerra contra el terrorismo".