AI señala en una nota de prensa que los ministros reunidos en Bruselas deben condenar los actos de discriminación perpetrados contra comunidades romaníes en Italia, que han culminado en medidas como la orden de tomar las huellas dactilares a todos los gitanos, incluidos los niños.

"Tras las críticas de la Comisión y el Parlamento europeos, son ahora los estados miembros de la UE los que deben condenar abiertamente esta auténtica campaña emprendida contra los romaníes", manifestó Nicolas Beger, director de la Oficina de AI ante la UE.

La organización humanitaria considera que "tomar las huellas dactilares a los gitanos por razones de seguridad pública no es más que la última de una serie de políticas discriminatorias adoptadas por las autoridades italianas".

Agrega que desde 2007 se ha producido un aumento del número de desalojos forzosos, como el del asentamiento de Tor di Quinto, en Roma, en el que gran cantidad de personas, muchas de ellas ancianas y menores de edad, quedaron abandonadas en medio de la noche tras ser destruidos sus hogares.

Además, Amnistía denuncia que estos actos, llevados a cabo por el Estado, se producen en un clima de retórica agresiva contra los romaníes por parte de políticos locales y nacionales.

AI concluye que la política italiana hacia los gitanos "es discriminatoria y desproporcionada, no está justificada y constituye una contravención directa del Convenio Europeo de Derechos Humanos".