En un informe titulado "Un legado de impunidad: una amenaza para el futuro de Argelia", AI muestra su preocupación por el hecho de que sigan sin investigarse las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas gubernamentales y grupos armados en los 90.

AI aseguró que, según las autoridades argelinas, hasta 200.000 personas fueron víctimas de homicidio en la pasada década, cuando fuerzas gubernamentales se enfrentaron a grupos armados tras cancelarse las elecciones legislativas de 1992.

Añadió que los grupos armados cometieron homicidios, secuestros, torturas y violaciones de civiles, y las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado fueron responsables de desapariciones forzadas, mataron a miembros de grupos armados y detuvieron en secreto y torturaron a otras personas.

El director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Philip Luther, subrayó que "el próximo presidente de Argelia debe aprovechar la oportunidad que ofrece un nuevo mandato para ocuparse de la cultura de impunidad reinante desde la década de 1990".

"Las amnistías generalizadas otorgadas a grupos armados y a miembros de los servicios de seguridad suponen infligir una nueva herida a las víctimas y a sus familias. En vez de conceder impunidad a los perpetradores, las autoridades deben devolver la dignidad a las víctimas transmitiendo el firme mensaje de que no volverán a tolerarse estos crímenes", agregó.

En el informe, AI propone revocar las leyes que consolidan la impunidad y benefician a los responsables de abusos contra los derechos humanos.

Aclarar la suerte de las víctimas de desapariciones forzadasy modificar las leyes que restringen la libertad de expresión y amenazan con la cárcel a las personas críticas con la actuación de las fuerzas de seguridad son otras recomendaciones de AI.