Esta organización acusa al Gobierno colombiano de permitir el reclutamiento de niños por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionrias de Colombia (FARC), la muerte de 20 personas al día en el conflicto armado y el fallecimiento de 60.000 personas desde 1985, de las que el 80 por ciento eran civiles.

En un informe publicado hoy, Amnistía destaca la difícil situación que atraviesa la población civil que vive en la localidad de San Vicente del Caguán (Colombia), donde se desarrollaron las frustradas conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el mayor grupo guerrillero del país, las FARC.

El ejército se retiró de la ona en octubre de 1998, como condición previa para el comienzo de las conversaciones de paz, y la zona estuvo bajo el control de hecho de las FARC durante más de tres años, hasta febrero de 2002.

Desde entonces, la Oficina del Defensor del Pueblo colombiano ha registrado en la localidad de San Vicente 17 homicidios con motivación política, a los que hay que añadir otros 78 en los otros cuatro municipios de la que fuera "zona de despeje".

Entre los informes de violaciones de derechos humanos que s reciben desde la zona, se destacan las torturas y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, las amenazas reiteradas a las comunidades civiles acusadas de estar del lado de la guerrilla o de las fuerzas armadas y el uso de niños como informantes.

En 2001, se registraron por lo menos 300 "desapariciones", 4.000 muertes de civiles (la mayoría a manos de grupos paramilitares respaldados por el ejército colombiano), decenas de miles de desplazamientos y más de 1.700 secuestros, en su mayoría por gupos guerrilleros. Además, miles de personas han sufrido torturas.

Se calcula que el número de personas desplazadas por el conflicto se acerca a los dos millones. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de desplazados aumentó del 48% en 2001 respecto al año anterior.

Por todo ello, Amnistía Internacional critica la labor del presidente Uribe y le acusa de involucrar a la población civil en el conflicto armado.

"Uribe se ha centrado en garantizar la segridad, pero, ¿qué pasa con el respeto de los Derechos Humanos? No puede haber seguridad sin Derechos Humanos", dice Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia.