Según pone de manifiesto AI en su informe "Executed. According to law? The death penalty in China", pese a que se han producido avances positivos en el terreno de las normas de procedimiento penal, en la práctica el sistema de justicia penal "no está en condiciones deofrecer juicios justos, imparcialidad o justicia".

Por ello, consideran "inadmisible" que un sistema "disfuncional de justicia penal" vaya a condenar a muerte a millares de personas, sin que puedan gozar de protección jurídica.

La organización apunta que, dada la alta probabilidad de que se cometan injusticias, tal como demuestra el informe, debe dictarse una suspensión de esta práctica con carácter urgente.

AI se opone a la pena de muerte "en todos los casos, dado que se trata del máximo catigo cruel e inhumano que conculca el derecho a la vida".

El informe describe las experiencias que vive una persona en China desde el momento en que la consideran sospechosa de un delito punible con la muerte, hasta el momento en que la ejecutan.

Asimismo, muestra las deficiencias del sistema de justicia penal chino mediante la descripción de casos documentados por Amnistía Internacional y casos aparecidos en los medios de comunicación chinos.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

China impone la pena d muerte por los delitos "más graves", que, conforme a la legislación del país, incluyen la corrupción y muchos otros delitos no violentos, pese a que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la imposición de la pena capital debe ser "una medida sumamente excepcional".

En este país, ninguna persona detenida por sospecharse que ha cometido un delito punible con la muerte tiene el derecho absoluto a disfrutar de representación letrada de inmediato. Generalmente, la persona detenida en esas circunsancias sólo puede contratar a un abogado después de ser interrogada por la policía.

Además, "en contra de las normas internacionales", la legislación china no considera inocente a una persona hasta que se pruebe su culpabilidad.