AI presentó hoy, en rueda de prensa, su segundo "Informe Anual de Política Exterior y Derechos Humanos", correspondiente al año 2000, en el que critica que "los derechos humanos, en la mayoría de los casos, son consideradoscomo una materia marginal e incómoda en la política exterior del Gobierno español".

Especialmente agudas son las críticas al Ejecutivo por no colaborar activamente con la justicia española en el "caso Pinochet", por contribuir a bloquear en la Unión Europea un acuerdo para regular la actividad de los intermediarios en el tráfico de armas y por pasar por alto las violaciones de los derechos humanos en sus relaciones con Chile, Rusia (Chechenia), México, Indonesia (Timor Oriental), Guinea Ecuatorial, uatemala, Colombia, China (donde hoy se encuentra el presidente Aznar con 200 empresarios españoles) y Arabia Saudí.

En cuanto a los aspectos positivos, el Gobierno ha tramitado con celeridad el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, cuya firma por España hoy aprueba el Congreso de los Diputados, señaló el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán.

España también ha firmado el Protocolo Adicional de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contr la Mujer y sus autoridades han realizado gestiones "especialmente positivas" sobre casos individuales de violación de derechos humanos en países como Cuba, Colombia, Guinea Ecuatorial y, con menor intensidad, en Argelia.

Amnistía también valora diversas iniciativas del Congreso y el Senado, entre ellas la acción de la Cámara Alta sobre la pena de muerte y su posible aplicación al ciudadano español Joaquín José Martínez en Florida (Estados Unidos).

Los padres de Joaquín José Martínez, presents en la rueda de prensa, agradecieron a AI, a los ciudadanos y a los medios de información españoles su ayuda para sacar a su hijo del "corredor de la muerte".

También contó su testimonio Laura de Soria, viuda de Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas, español y chileno, torturado y asesinado en el país andino durante el Gobierno de Pinochet, así como Carlos Alberto Ruiz, colombiano defensor de los derechos humanos protegido temporalmente en España.