Fuentes de Amnistía Internacional explicaron a Servimedia que el Código PEGI, que establece una clasificación por edades para controlar el acceso de los menores a los videojuegos con contenidos inadecuados para su edad, "es un primer paso, pero el Gobierno no debe quedarse ahí. Es un gesto de preocupación, y está bien, pero que no se quede en un gesto", apuntaron.

No obstante, a Amnistía Internacional le preocupa que este código, a diferencia del anterio, no incluye específicamente la protección de los menores o no concreta la información relativa a las multas y las sanciones.

Asimismo, considera "positivo" que todos los videojuegos que los productores consideran para menores de 12 años deban ser revisados por el comité de seguimiento.

"Nosotros llevamos desde 1999 denunciando el hecho de que hubiera juegos dirigidos a menores, con contenidos que no respeten los derechos humanos, y que presentan la tortura, la discriminación y el racismo como alo lúdico o divertido, cuando es todo lo contrario", explicaron estas mismas fuentes.