AI hace esta petición con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación que se celebrará mañana y pasado mañana en el Congreso de los Diputados.

"La adopción de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos fue una promesa electoral del partido en el Gobierno y un compromiso expresado tanto por parte del presidente Rodríguez Zapatero, como por parte de la vicepresidenta del Gobierno en repetidas ocasiones", recuerda AI en una nota de prensa.

La organización humanitaria aclara que tiene conocimiento de que el Ejecutivo trabaja en el citado plan, "pero por ahora no se conoce ni el contenido del mismo, ni el calendario para su puesta en marcha, ni el mecanismo para su adopción".

A su juicio, el plan debería incluir metas en política exterior e interior, ser público y con mecanismos de evaluación periódica por parte del Parlamento y la sociedad civil, vincular a todas las instituciones del Estados, y abordar los problemas de derechos humanos en España desde una óptica de respeto al derecho internacional.

Por ello, la organización considera que el plan debe incluir prioridades como la de situar los derechos humanos por encima de los intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole, en la agenda de las relaciones bilaterales con Colombia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, o con las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, entre otros.

Además, el citado plan debe incluir los mecanismos necesarios para responder rápidamente ante crisis en materia deviolación de derechos humanos, como por ejemplo, la que está ocurriendo en Darfur (Sudán).

Asimismo, AI propone enfocar la llegada de inmigrantes a España desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo la vulnerabilidad de los inmigrantes, especialmente de los que se encuentran en situación irregular, e incluir medidas para prevenir, perseguir y sancionar cualquier abuso, eliminar la discriminación y facilitar la integración.

En este sentido, AI ha denunciado cómo la política de control de flujos migratorios está poniendo en peligro de extinción el derecho de asilo en España.

"Las medidas acordadas recientemente entre el Ejecutivo español y la Unión Europea para reforzar la vigilancia en la costa española y africana para interceptar a personas en alta mar, o los acuerdos de readmisión con los países del África subsahariana, no eximen al Estado de cumplir con la legislación internacional de derechos humanos y de protección de los refugiados", subraya la organización humanitaria.