Así se lo ha hecho saber esta ONG al juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en un escrito fechado el pasado 5 de julio.

En un escrito remitido al juez el pasado 5 de julio, AI recuerda las reacciones que suscitó la visita de Pedraz a Guatemala para interrogar a varios imputados y testigos, una comisión rogatoria que no llegó a su fin porque los recursos presentados por los querellados ante los tribunales guatemaltecos paralizó el trabajo.

Así, AI destaca que el 27 de junio, según publicó el rotativo guatemalteco "El Periódico", el dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) dijo: "No queremos mover aguas que no convienen, pero este caso puede traer acciones trágicas".

AI señala que "en momentos delicados durante los procedimientos judiciales y en relación con cuestiones políticas, los comentarios agresivos contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos han venido seguidos de actos de violencia".

En este sentido, recuerda que en julio de 2003, tras unos comentarios realizados por el general José Efraín Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala entre 1982 y 1983, imputado en el caso, se produjeron una serie de actos violentos que acabaron con la vida de un periodista.

AI informa al juez de que ha pedido a las autoridades guatemaltecas "investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas" denunciadas contra los testigos a quienes iba a entrevistar cuando fue a Guatemala y que garanticen la seguridad de las víctimas de tales coacciones.

Entre los hechos que se investigan en este caso se encuentran el asalto de la Embajada española en Guatemala en 1980, en el que murieron 37 personas, y al asesinato de cuatro sacerdotes españoles.

Estos hechos se encuentran dentro de la denuncia que la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional en diciembre de 1999 por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado cometidos en Guatemala, especialmente contra la población indígena, entre 1962 y 1996, año en que la guerrilla y el gobierno suscribieron los Acuerdos de Paz.