Lo hicieron en el informe ‘The Taliban´s war on women. The crimen against humanity of gender persecution in Afghanistan’, cuyas conclusiones presentaron este viernes, en el que se presenta un análisis jurídico detallado de los motivos por los que las “restricciones draconianas” impuestas por los talibanes sobre los derechos de las mujeres y las niñas afganas, junto con el recurso a la encarcelación, la desaparición forzada, la tortura y otras formas de violencia, podrían ser un “crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos de género”, según lo establecido en el artículo 7.1.h del Estado de Roma de la CPI.

Los autores del informe, que abarca el periodo de tiempo comprendido entre agosto de 2021 y enero de 2023, también piden a la comunidad internacional que ejerzan la jurisdicción universal u otros medios legales para llevar ante la justicia a los talibanes.

En ese sentido, el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Santiago A. Cantón, señaló que “la campaña de persecución por motivos de género por parte de los talibanes es de tal magnitud, gravedad y carácter sistemático que, acumulativamente, los actos y políticas forman un sistema de represión que aspira a subyugar y marginar a las mujeres y niñas en todo el país”.

A su juicio, estos hechos cumplen con los cinco criterios necesarios para su consideración como un “crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos de género”.

En la misma línea, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, aseveró que los talibanes han declarado “una guerra contra las mujeres” perpetrando contra ellas “crímenes internacionales”, los cuales son “organizados, generalizados y sistemáticos”.

El informe pone de manifiesto que desde que los talibanes retomaran el poder en 2021 las mujeres han sido excluidas de los cargos políticos, de la mayoría de los empleos del sector público y de la enseñanza posterior a la primaria, al tiempo que se restringen sus oportunidades profesionales, lo que las ha convertido en “ciudadanas de segunda”.

A ello se añade la disolución del marco institucional de apoyo a las mujeres supervivientes de la violencia de género, la prohibición para que trabajen en ONG y en la ONU, el requisito para que viajen con un acompañante masculino en trayectos largos, el decreto que las recluye en casa salvo casos de máxima necesidad y el “estricto” código de vestimenta. Todo, según el informe, supone “una prueba más de la discriminación de género”.

Las “restricciones discriminatorias” que los talibanes han impuesto a las mujeres y las niñas “violan las garantías de los derechos humanos” contenidas en numerosos tratados internacionales suscritos por Afganistán, recuerda el texto.

Agnès Callamard arguyó que “las restricciones contra las mujeres y las niñas están claramente diseñadas para atacarlas a ellas en concreto” y añadió que “el peso de las pruebas sugiere que estas medidas reflejan una política de persecución por motivos de género que pretende anular la capacidad de acción de las mujeres y las niñas en casi todos los aspectos de la vida”.

A su vez, el informe sugiere que los casos de detención arbitraria y reclusión, tortura y otros malos tratos infligidos a las mujeres y a las niñas que han participado en protestas pacíficas o han sido acusadas de los denominados ‘delitos morales’ han de investigarse como “posibles crímenes de lesa humanidad de encarcelación, desaparición forzada y tortura”, según el artículo 7 del Estatuto de Roma.

En el informe, AI y la Comisión Internacional de Juristas ofrecen recomendaciones específicas sobre la manera en que la comunidad internacional ha de contribuir a “desmantelar el sistema de persecución por motivos de género de los talibanes y la impunidad que lo sustenta”.