El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que el Ejecutivo pretende aprobar un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluirá la lucha contra la abolición de la pena de muerte y la petición de una moratoria mundial hasta 2015 en la aplicación de las ejecuciones.

"Dando la bienvenida a esta iniciativa, sí queremos dejar claro que si España quiere jugar un papel de liderazgo contra la pena de muerte en el mundo, es necesario que a nivel interno dé dos pasos importantes", declaró a Servimedia María del Pozo, responsable de Campañas e Investigación de la ONG.

El primero, concretó Del Pozo, es modificar la Constitución española, "eliminando la actual mención que hay a esta terrible práctica en el artículo 15 e incorporando una prohibición expresa" de ella.

La segunda medida, continuó la representante de Amnistía, sería ratificar el protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos adoptado por el Consejo de Europa en 2002.

No obstante, agregó la responsable de Investigación de Amnistía, con la proposición de Zapatero de crear una comisión internacional para luchar contra la pena de muerte "España se convierte en un país que lidera internacionalmente la abolición universal de la pena capital".

En cualquier caso, AI quiere hacer hincapié en la necesidad de que esta iniciativa sea transregional y cuente con el apoyo de los diferentes grupos regionales en los que los países de Naciones Unidas están organizados, e "insta al Gobierno español a que comience a trabajar de manera urgente para poder alcanzar esta meta en 2015".

Respecto a la ejecución de menores y personas con enfermedad mental, la organización pide al Ejecutivo que promueva la aplicación de los estándares internacionales. "Amnistía se sumará a todo esfuerzo que trabaje por la abolición de la pena de muerte, facilitando datos estadísticos e información por países", aseguró su responsable de Campañas.