Además, la organización les reclama que se comprometan a aplicar las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el respeto pleno del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de seguridad.

AI solicita que los candidatos incluyan el respeto a los derechos humanos en sus programas electorales, y recuerda que "los grupos paramilitares, la guerrilla y las fuerzas de seguridad han obligado a más de tres millones de personas a abandonar sus hogares desde 1985", además de que "decenas de miles de personas más han sido víctimas de homicidio, desaparición, tortura o secuestro".

La organización manifiesta también su repulsa ante una serie de iniciativas del Gobierno colombiano, como el Decreto 4.760 o el programa de "reinserción rural", que "amenazan ahora con permitir que los paramilitares se queden con el control de los millones de hectáreas de tierra que han robado y puedan desarrollar proyectos agrícolas de un modo legal".

AI afirma que "varios grupos paramilitares han anunciado ya su intención de promover proyectos de desarrollo económico para sus miembros y las comunidades locales en zonas que ya controlan".

"En la práctica, centenares de miles de personas podrían tener que enfrentarse en Colombia a un terrible dilema: seguir sin hogar o regresar a sus tierras y vivir con las mismas personas que han torturado, violado y matado a sus seres queridos y que las han obligado a marcharse", manifestó Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

Según Amnistía, "todo marco jurídico debe ser compatible con las recomendaciones de la ONU y garantizar la devolución de las tierras robadas por los paramilitares a sus propietarios legítimos o a sus descendientes".

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