Según AI, en 1999 se registó en China la campaña de represión más grave de la década contra la disidencia pacífica y la libertad religiosa, en la que miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y algunas condenadas a largas penas de prisión o a campos de trabajos forzados.

La organización indica en su carta a Aznar que "la política del Gobierno español hacia China durante los últimos años, al igual que la de la Unión Europea, se ha centrado básicamente en las relaciones económicas e intercambios comerciales, limitando ladiscusión de las cuestiones de derechos humanos a un 'compromiso constructivo', cuyos resultados aún no es posible apreciar".

Amnistía recuerda además que "existen mecanismos internacionales, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y de otros órganos de las Naciones Unidas, desde los cuales denunciar violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos y adoptar medidas concretas para poner fin a ellas, y es el deber de los países miembros de la Unión Europea no excluir el uso de ellos si se cnsidera que los resultados del 'compromiso constructivo' no son satisfactorios, como no han demostrado ser hasta ahora".

PENA DE MUERTE

En su carta a Aznar, AI plantea la situación de la pena de muerte en China, ya que en 1998 fueron ejecutadas por lo menos 1.769 personas y en 1999 un total de 1.077, lo que eleva el número de ejecuciones en la década de los noventa a más de 18.000. Durante cada año de los 90 fueron ejecutadas una medida de 51 personas por semana en China.

Asimismo, Amnistía Intrnacional denuncia torturas, detenciones ilegales, malos tratos, represión de los disidentes y condenas sin garantías judiciales, fundamentalmente contra minorías étnicas y religiosas.

La organización defensora de los derechos humanos pide a José María Aznar que intercede especialmente por la liberación de ocho presos de conciencia por los que trabaja la Sección Española de AI, además de pedir la liberación de todos los presos de conciencia encarcelados en el país.

También solicita al presidente el Gobierno español que aborde la situación de los derechos humanos en las regiones autónomas del Tibet y de Sin-Kiang, y que la República Popular China revoque su decisión inicial y se adhiera al Tribunal Penal Internacional.