La campaña documenta los casos de 30 defensores de los derechos humanos de Arabía Saudí que fueron condenados a prisión tras juicios “injustos” y sometidos a la prohibición de viajar “inmediatamente” después de cumplir la pena de cárcel. Además, reporta los casos de 39 familiares de activistas que también fueron sometidos a dicha prohibición, lo que supone la separación “forzosa” de familias.

La directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Lynn Maalouf, manifestó que el uso arbitrario de la prohibición de viajar por las autoridades saudíes contra activistas y defensores refleja “un panorama sombrío en el país”, donde se sigue “silenciando implacablemente a las voces disidentes mientras que los dirigentes hablan de reforma progresiva”.

Amnistía Internacional habló con ocho activistas saudíes a los que las autoridades les habían impuesto a ellos mismos o a miembros de sus familias residentes en Arabia Saudí la prohibición arbitraria de viajar. Los que vivían en el extranjero admitieron tener “dificultades emocionales”, porque no podían ver a sus familiares ni visitar su país de origen. También reconocieron que “temían” ser detenidos y recluidos arbitrariamente si regresaban al país.