Con este nuevo envío al nuevo fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, a través del embajador de Estados Unidos e España, se ha enviado un total de 67.124 firmas en contra de la pena capital para este colectivo.

Con esta iniciativa, ambas entidades instan a Holder a poner todos los medios "para garantizar que los fiscales federales no pidan la pena capital para personas con enfermedad mental" y a "detener la ejecución de cualquier persona con este tipo de patologías".

Amnistía Internacional y Feafes se oponen a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, ya que la consideran "una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas y degradantes".

Estas organizaciones además denuncian que en el caso de personas afectadas por enfermedad mental grave, las ejecuciones se llevan a cabo "sobre personas que no siempre pueden ser responsabilizadas de sus actos y, en algunos casos, no tienen acceso a procesos judiciales justos".

Según ambas entidades, entre 1977 y el 15 de abril de 2009, 1.156 personas han sido ejecutadas en ese país, de las cuales al menos 100 contaban con una enfermedad mental o problemas mentales graves diagnosticados antes de cometer los delitos por los que fueron condenadas.

A las peticiones de los ciudadanos para la detención inmediata de las ejecuciones se han unido la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (Fearp), así como numerosos ayuntamientos de España e instituciones como el Parlamento Vasco o la Universidad de Cádiz.