La organización humanitaria denunció que el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi pone de manifiesto las consecuencias de la impunidad de la que gozan la casi totalidad de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en ese país.

La sección española de AI exigió la puesta en marcha de medidas que acaben con esa impunidad y recoró que el año pasado reclamó a los gobiernos guatemalteco y español iniciativas que garantizasen el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano. Sin embargo, Amnistía Internacional lamentó hoy que "las respuestas de ambos gobiernos no fueron satisfactorias".

Un portavoz de AI en España mostró su confianza en que el Gobierno de Guatemala cumpla su promesa de esclarecer el asesinato de Juan Gerardi, y pidió al Ejecutivo guatemalteco que extienda su promesa a las miles de víctimas de la repesión denunciada en el informe que la Iglesia de Guatemala presentó el pasado viernes, en el que se acusa a las fuerzas armadas de ser responsables de cerca del 90 por ciento de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país.

Según los datos de Amnistía Internacional, durante la primera mitad de 1997 al menos 66 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.