En la actualidad, sólo la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo podrá evitar la muerte por inyección letal de este español de 26 años, según informó hoy esta ONG.

Durante la entrega de firmas, esta ONG organiza paralelamente un acto simbólico en el que activistas de derechos humanos "pondrán a la Embajada filipina inyecciones gigantes" para exigir que se acabe con la pena de capital en este país.

El ciudadano español Paco Larrañaga fue detenido en Filipinas en 1988, acusado de la violación y asesinato de dos mujeres, por lo que fue condenado a muerte.

Según señala Amnistía Internacional, que calificó el proceso de ilegal, el juez no dejó testificar al acusado ni a 35 personas que aseguran haber estado con él a 300 kilómetros de distancia en el momento del crimen. El testimonio de un único testigo, lleno de contradicciones, sirvió como prueba para declararlo culpable.

Para evitar el fatal desenlace, ahora, agotadas todas las vías, la única esperanza para evitar su ejecución es el indulto presidencial, añade la ONG.