Según el informe, no se ha aportado ninguna prueba convincente de que la pena de muerte sirva para disuadir a los traficantes potenciales más eficazmente que otras penas. Entre los casos detallados en el informe se encuentran los de países como Arabia Saudí, China, Malasia o Irán, que incluyen en su legislación la pena capital.

"Al precipitarse a aprobar la pena de muerte para losdelitos relacionados con el tráfico de drogas, algunos países han debilitado la presunción de inocencia, permitiendo que la posesión de drogas se tome como prueba de tráfico", señala la organización. "Esto equivale al criterio injusto de considerar a las personas 'culpables hasta que se demuestre su inocencia'".

Según el informe, la pena de muerte también acarrea algunos riesgos, como que el traficante, ante la posibilidad de ser condenado a muerte, prefiera matar para evitar ser capturado, que se ejeute a los traficantes pequeños o que el aumento de la severidad de las penas conlleve un alza de los precios de los narcóticos.

Por otra parte, Amnistía Internacional se felicita porque en varios países de Africa y Asia, como Nigeria, Turquía o Mauricio, se haya abolido la pena de muerte para los delitos relacionados con el tráfico y consumo de droga.