Según Amnistía, durante la última semana han sido detenidos arbitrariamente líderes indígenas y comunitarios. La organización ha recibido además informes según los cuales las fuerzas de seguridad están haciendo un uso excesivo de la fuerza, al tiempo que hostigan yacosan a los indígnas que se manifiestan contra las medidas del Gobierno.

Por ello, la organización insta a las autoridades ecuatorianas a que durante la actual coyuntura respeten y protejan el derecho a la vida, a la integridad física y la libertad de expresión y conciencia en todo momento, como establece el derecho internacional.

Durante las últimas semanas, sindicatos, grupos indígenas y organizaciones de base han organizado manifetaciones en protesta por la política económica del Gobierno ecutoriano, que incluye la "dolarización" y un programa generalizado de privatización de empresas estatales. Igualmente, se manifiestan contra el alza de precios.

A consecuencia del agravamiento de la situación, el pasado 2 de febrero el presidente de la República de Ecuador, Gustavo Noboa, decretó estado de emergencia nacional y estableció como zona de seguridad todo el territorio de la república.