Según un informe de AI, centenares de detenios han sido torturados y maltratados en Perú por las fuerzas de seguridad, cuando han transcurrido más de cinco años desde que el Gobierno prometió mejorar su historial de tortura.

"El Gobierno admite que sus agentes siguen practicando torturas, y aún no conocemos ni un solo caso en el que un miembro de las fuerzas de seguridad haya sido llevado ante la justicia, ante un tribunal civil, y condenado por sus actos", indica AI.

La organización de derechos humanos ha puesto en duda la afirmación del obierno peruano, que asegura que existen salvaguardias efectivas, tanto legislativas como administrativas, para impedir la tortura y castigar a los torturadores.

Según AI, las autoridades peruanas no han investigado de forma inmediata e imparcial los centenares de denuncias presentadas desde 1992, en las cuales los presos acusados de delitos relacionados con el terrorismo afirmaban haber sido sometidos a torturas y malos tratos.

En el informe, Amnistía Internacional señala que los detenidos acusaos de delitos terroristas afirman, de forma casi invariable, haber sido torturados para obligarles a firmar confesiones que luego se utilizaban como prueba en su contra. Los procedimientos de detención, interrogatorio y juicio estipulados en las leyes antiterroristas de Perú fomentan, según AI, el uso de la tortura y los malos tratos.

"Sólo cuando las autoridades peruanas reformen las leyes antiterroristas, investiguen las denuncias de torturas de forma rápida y efectiva y hagan comparecer a los resposables ante la justicia podrá tomarse en serio la afirmación del Gobierno de que desea 'eliminar la tortura", afirma AI.