El documento, que se basa en la visita de unos investigadores de la organización realizada al país africano en abril y mayo pasados, destaca que el 80% de los detenidos por motivos políticos en Burundi "están recluidos sin juicio, incluidas miles de personas que llevan años encarceladas".

Asimismo, critica ue la tortura "es habitual, especialmente bajo custodia de la policía". También se advierte en el informe que "los tribunales no investigan las denuncias de tortura y siguen aceptando como prueba confesiones obtenidas bajo tortura".

Amnistía Internacional asegura que la mayoría de los juicios no han cumplido las normas reconocidas internacionalmente de imparcialidad en el proceso, "y muchos han sido manifiestamente injustos".

Finalmente, en el informe se afirma que el Programa de Asistencia Judical de la ONU, destinado a apoyar y reforzar el sistema judicial de Burundi, "no ha abordado los fallos fundamentales y si no se abordan los abusos persistentes, el impacto de este programa se verá debilitado".