El 27 de febrero, las guerrillas de las FARC mataron presuntamente al menos a ocho concejales del municipio de Rivera, departamento de Huila. Los homicidios fueron cometidos por varios hombres armados que abrieron fuego contra los concejales durante una reunión del concejo.

Asimismo, las FARC habían atacado presuntamente, el 25 de febrero, un autobús en el departamento de Caquetá, en el que murieron al menos nueve civiles, dos de ellos menores. Este ataque tuvo lugar después de que las FARC impusieran una prohibición a la circulación de todos los vehículos en la región.

Estos homicidios hacen temer seriamente por la seguridad de las personas que ocupan cargos estatales y electos, en vísperas de los comicios del 12 de marzo y por la de otros civiles en otras partes del país, en un contexto de restricciones similares a la libertad de circulación impuestas por las FARC.

Una vez más, Amnistía Internacional subrayó "la necesidad urgente de que el Gobierno y las fuerzas de la guerrilla alcancen un acuerdo humanitario para apartar del conflicto a la población civil". Amnistía cree que además las fuerzas de la guerrilla deben comprometerse inmediatamente a respetar el derecho internacional humanitario.

La ONG explicó que "las autoridades de Colombia deben garantizar que los responsables de ese tipo de actos comparezcan ante la justicia". Por último, la legislación promulgada recientemente por el Gobierno garantizará, según Amnistía Internacional, que aquellos que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (incluidas las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y la guerrilla) que no puedan eludir la justicia.