En un comunicado, Amnistía recoge las propuestas hechas públicas por el Comité contra la Tortura (CAT) de la OU, que expresó una "especial preocupación" por las denuncias de violación y abusos sexuales a niños inmigrantes durante los procedimientos de expulsión así como por otros casos de malos tratos contra inmigrantes.

Para la organización, la grabación en vídeo de los interrogatorios protegería al detenido de torturas y a los funcionarios de ser acusados falsamente.

Además, exigió que los exámenes médicos a los detenidos en régimen de incomunicación sean realizados por un médico forense y un facultatio de la confianza del detenido.

Amnistía también acusó al Gobierno de alargar en exceso la duración de la investigación en las denuncias de tortura y malos tratos, la falta de interés de las autoridades a la hora de iniciar expedientes disciplinarios contra funcionarios y las duras condiciones a las que se ha sometido a algunos reclusos.

Por último, la ONG acusó al Gobierno de "alejarse de la verdad" al informar de los casos de tortura o malos tratos y recomendó la contratación de mujeres policía y guardias civiles para que custodien a las delincuentes.