Un grupo mayoritario de concejales de Riga ha pedido al director ejecutivo del ayuntamiento que anule el permiso para la celebración de este acto festivo por considerarlo una ofensa para la moral pública y una amenaza a la seguridad ciudadana.

La directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, declaró que "prohibir la manifestación supone violar el derecho de los activistas bálticos de los derechos gays a la libertad de expresión y reunión pacífica".

AI indicó que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación no deben restringirse ni prohibirse por considerar que algo pueda "escandalizar, ofender o molestar".